Tras la denuncia por presunto desvío de fondos en la División de atención de emergencias de la Policía de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, firmaron un decreto para reestructurar de manera integral el régimen de Policía Adicional. La medida prohíbe taxativamente que los uniformados presten servicios extras en horario de guardia ordinaria, exigiendo que se encuentren estrictamente en su periodo de franco.
La reforma deroga la normativa vigente desde 2019 y su resolución administrativa «80/20», esquema que permitía a los agentes realizar adicionales durante su servicio activo a cambio de apenas el 20% del valor de la hora. Con el nuevo marco regulatorio, el Poder Ejecutivo busca mitigar el agotamiento del personal y blindar la capacidad operativa de las comisarías ante intereses externos. Bajo el nuevo esquema, los funcionarios percibirán el 95% del pago generado por estas tareas, mientras que el 5% restante se destinará al mantenimiento de la flota de móviles y recursos logísticos.
En el plano judicial, el comisario Juan Zunino se mantiene al frente de la unidad, mientras la Fiscalía evalúa la documentación contable secuestrada en la sede central para definir las imputaciones. Paralelamente, el juez de Garantías Julián Vergara dictó una medida cautelar de protección que prohíbe aplicar sumarios, traslados o medidas disciplinarias contra los ocho agentes que denunciaron la maniobra.
