El Gobierno provincial formalizó la creación del programa «Riesgo Social», que alcanzará a 24.000 titulares con una prestación mensual de $21.600. El objetivo es asistir a los sectores vulnerables que no acceden al plan nacional Alimentar.
A través del Decreto DTO-2026-986-E-GER-GOB, publicado este lunes 11 de mayo en el Boletín Oficial, el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, oficializaron el Programa Provincial de Seguridad Alimentaria – Riesgo Social. La medida, con vigencia retroactiva para todo el ejercicio 2026, contempla una inversión total de $6.266.880.000.
Alcance y montos de la prestación
El programa está diseñado para brindar un acompañamiento básico a las familias en situación de vulnerabilidad social en Entre Ríos. Según el texto oficial, la asistencia consiste en:
- Monto mensual: $21.600 por titular.
- Población objetivo: 24.000 prestaciones activas.
- Metodología: Se instrumenta mediante una tarjeta alimentaria que fomenta la autonomía, permitiendo a los beneficiarios elegir sus alimentos (dentro de una lista sugerida) y priorizando el consumo de productos frescos y la comensalidad familiar.
Complemento del plan nacional
Uno de los ejes centrales de este decreto es la individualización de los beneficiarios para evitar superposiciones con el Programa Alimentar (Nación). El gobierno provincial busca, mediante el cruce de datos, asistir específicamente a aquella población que, aun estando en situación crítica, no cumple con los requisitos para ingresar al sistema nacional.
Para ello, se establecerá un sistema de actualización periódica de la base de datos y se conformará un Registro Único de Políticas Alimentarias. Este registro permitirá una gestión más eficiente y una identificación precisa de los sujetos prioritarios para las políticas públicas inclusivas.
Detalles administrativos y ejecución
El decreto también contempla una partida de $46.080.000 en concepto de «Compensación por Operatoria», destinada a la Dirección de Políticas Alimentarias, organismo ejecutor dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.
Asimismo, se facultó a la ministra Verónica Berisso a aprobar las entregas mensuales y los gastos operativos a favor de SIDECREER SA, empresa encargada de la implementación técnica y ejecución financiera del programa durante todo el año en curso.
