Justo José Ilarraz había sido condenado a 25 años de prisión por abuso sexual agravado contra siete adolescentes en un seminario de Paraná. A pesar de las pruebas y de la expulsión del estado clerical ordenada por el Papa Francisco, la Corte Suprema lo sobreseyó al considerar que los delitos prescribieron. La decisión reaviva la indignación de las víctimas y cuestiona el compromiso del sistema judicial con la protección de la infancia.
En un fallo que sacude los cimientos de la confianza pública en el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobreseyó al exsacerdote Justo José Ilarraz, condenado en 2018 a 25 años de prisión por abusar sexualmente de al menos siete menores entre 1988 y 1992 en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la resolución argumentando que los delitos “prescribieron a los 12 años de cometidos”.
El fallo causa estupor no solo por el peso de las pruebas presentadas durante el juicio —incluidos testimonios coincidentes, peritajes psicológicos y una investigación interna de la Iglesia—, sino también porque contradice fallos previos que habían rechazado la prescripción invocada por la defensa del acusado. La Corte recién intervino siete años después de la condena, al aceptar un recurso extraordinario contra la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
La decisión, que desoye el reclamo de las víctimas y sus familias, revictimiza a quienes denunciaron hechos aberrantes en su adolescencia y expone la fragilidad del sistema penal argentino frente a crímenes cometidos en el marco de relaciones de poder y silencio institucional.
Un patrón de abuso encubierto
Las denuncias contra Ilarraz fueron presentadas en 2012, cuando siete exseminaristas rompieron el silencio y describieron una mecánica de abuso reiterado, manipulación emocional y sometimiento. La mayoría de ellos provenía de entornos vulnerables, con escasa contención familiar. Según los testimonios, el entonces sacerdote se aprovechaba de esa fragilidad para ejercer control y abuso bajo la apariencia de guía espiritual.
Ilarraz fue encontrado culpable de corrupción de menores y abuso sexual agravado. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos y a una condena firme a nivel provincial, nunca llegó a cumplir la totalidad de la pena.
La complicidad del silencio eclesiástico
El caso también expuso una red de encubrimiento dentro de la Iglesia. El exarzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic —quien años más tarde sería nombrado cardenal—, expulsó discretamente a Ilarraz de la diócesis, pero no denunció los hechos ante la justicia. Tras su salida de Entre Ríos, el exsacerdote fue destinado a Tucumán, donde continuó ejerciendo funciones pastorales hasta que el caso se hizo público.
En diciembre de 2024, más de una década después de las denuncias iniciales y seis años después de la condena penal, el Papa Francisco ordenó su expulsión definitiva del estado clerical, la pena canónica más grave dentro de la Iglesia. La medida fue resultado de un largo proceso eclesiástico iniciado por las víctimas, en medio de dilaciones que ellas mismas denunciaron.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de Hernán René Rausch, quien en una carta al Vaticano en 2022 describió la “actitud pasiva e ineficiente” de la jerarquía eclesiástica ante las denuncias. “La demora perpetúa el dolor de las víctimas y debilita la credibilidad de la Iglesia”, escribió.
Indignación y alerta
El fallo de la Corte Suprema no solo representa un retroceso en la lucha contra el abuso institucional, sino que instala una señal de impunidad preocupante: el paso del tiempo, más que la verdad o la justicia, puede definir el destino de quienes cometieron crímenes aberrantes.
Organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y sectores de la sociedad civil expresaron su repudio ante una decisión que no solo ignora la gravedad del delito, sino que desprotege a futuras generaciones al validar mecanismos de prescripción para delitos cometidos en contextos de abuso de poder.
Mientras el Vaticano intentó cerrar el capítulo con una expulsión tardía, la Justicia argentina dejó abierta una herida que vuelve a sangrar: la de los niños y adolescentes abusados que creyeron en el abrigo de la fe, y encontraron el silencio, el abandono y ahora, el olvido institucional.
Fuente: FM Litoral
