Sergio Almeida, Secretario General de APLER, manifestó su rechazo al proyecto del Ejecutivo para reformular la obra social provincial, advirtiendo sobre una posible pérdida de representación de los trabajadores. El Gobierno, en tanto, asegura que la medida busca corregir malos manejos. Las certezas parecen pocas y las dudas, cada vez más.
En declaraciones al programa Palabras Cruzadas de FM Litoral, Sergio Almeida, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), encendió las alarmas por la creación de una nueva obra social —la OSER— que reemplazaría al actual esquema de IOSPER. La iniciativa, promovida desde el Poder Ejecutivo, propone una modificación profunda en el directorio, dando paso a una integración donde predomina la voz del empleador por sobre la de los trabajadores.
Almeida fue claro al expresar su preocupación: “Esto sería como sentar a Don Coto en OSECAC”, graficó, comparando la propuesta con la presencia directa del empleador en el control de una obra social. A su entender, la eliminación del directorio obrero debilita la representación estatal de los empleados, a quienes, además, no se les habría informado con claridad sobre los cambios.
Por otra parte, el sindicalista denunció un deterioro en las prestaciones de IOSPER, particularmente en el rubro de medicamentos. Reducción de porcentajes de cobertura, aumento abrupto de coseguros y falta de comunicación a los afiliados fueron algunos de los puntos destacados. Según Almeida, “hay farmacias que ni siquiera avisaron” sobre las nuevas condiciones. Sin embargo, el Gobierno habría señalado que estos ajustes responden a una crisis de gestión y a presuntos sobreprecios, una acusación que, según Almeida, no se corresponde con la documentación que él conoció como exdirector suplente.
El debate se intensifica con la inclusión de otro tema espinoso: la segmentación de aportes según grupo familiar. El proyecto oficial contemplaría un cargo adicional para los familiares adherentes, lo cual —según el gremio— pondría en jaque a trabajadores con salarios bajos y núcleos familiares amplios. La reacción no tardó en llegar desde distintos sectores gremiales: ATE, AGMER y APLER ya mantuvieron reuniones con legisladores para expresar su preocupación.
¿Es una reforma necesaria para sanear una obra social inviable? ¿O un intento de quitarles a los trabajadores el control sobre un derecho básico como la salud? El propio Almeida admite que no cuentan con información oficial completa y que el hermetismo de la intervención agrava la incertidumbre. Del otro lado, el Ejecutivo se escuda en la necesidad de un nuevo modelo de gestión frente a una crisis estructural.
En un contexto donde el equilibrio financiero y la garantía del acceso a la salud parecen chocar como trenes en vías paralelas, más de 300.000 afiliados —directos e indirectos— esperan respuestas. Mientras tanto, en los pasillos de las farmacias, los rumores se transforman en realidades y las certezas parecen diluirse con cada nuevo recorte.
Fuente: FM Litoral
